Comunicado. El acceso oportuno y equitativo a medicamentos eficaces, seguros y de calidad es el desafío actual de la regulación sanitaria mexicana, por lo cual es necesario seguir avanzando hacia mecanismos que garanticen su disponibilidad como elemento indispensable del derecho a la salud, afirmó Jorge Alcocer, secretario de Salud de México.
Al inaugurar el XVIII Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas y la Reunión Nacional de Farmacovigilancia, Alcocer precisó que los medicamentos son recursos necesarios para mantener y recuperar la salud, por lo que la vigilancia de su calidad, eficacia y seguridad tiene un impacto decisivo sobre la salud pública.
En la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), enfatizó que el modelo hegemónico neoliberal no resolvió de manera satisfactoria el cómo, a quién, cuándo y dónde vigilar; esto provocó que la farmacovigilancia sólo se enfocara en el análisis de las reacciones adversas.
“La palabra farmacovigilancia invita a pensar en la vigilancia de los medicamentos, pero en su acepción más amplia también atiende el acceso inequitativo, la circulación en el mercado de productos farmacéuticos que no cumplen normas de calidad y la persistencia del uso inadecuado”, afirmó.
De ahí la importancia de estas reuniones internacionales, donde no se alude exclusivamente al medicamento como un objeto terapéutico, vacío de sentido o aislado de una trama humana, sino como producto sujeto a un marco social e institucional.
Durante los tres días del XVIII Encuentro Internacional de Farmacovigilancia, se abordarán las ventajas de la educación y capacitación continua, legitimidad social depositada en el personal médico, ganancias millonarias en el mercado de la salud, muertes evitables, error en la protección del paciente, buen consejo terapéutico, alteración de los precios y fecha de caducidad, inocuidad, publicidad, eficacia y, en resumen, confianza.
Alcocer precisó que más allá de una lógica ordinaria, se propondrán e intercambiarán acciones educativas, administrativas y regulatorias para fortalecer la farmacovigilancia de nuestro país y de la región, en beneficio de la salud de los pueblos y no de las finanzas de unos cuantos.
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