Agencias. Estados Unidos comenzó a aplicar aranceles a los medicamentos patentados y a los principios activos importados al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una herramienta reservada a sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional. La medida afecta a las grandes farmacéuticas incluidas en el Anexo III de la orden ejecutiva y convierte al sector en uno de los nuevos frentes de la ofensiva comercial de Washington. Para el resto de las empresas que no figuran en esta lista, la medida empezará a aplicarse a partir del 29 de septiembre. Los productos que figuran en esta sección están exentos de las tasas anunciadas la semana pasada en virtud de la investigación sobre trabajo forzoso, lo que evita una doble penalización.
Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, indicó que la decisión confirma que la administración de Donald Trump ha convertido la política comercial en la principal herramienta para cumplir su agenda económica. “El propio enfoque conecta la política de precios con instrumentos comerciales duros para presionar a la industria y agilizar acuerdos”.
La Casa Blanca pretende utilizar el acceso al mercado estadounidense como instrumento para modificar el sistema mundial de fijación de precios de los medicamentos. Bajo la política de la “nación más favorecida”, Washington quiere que ningún fármaco financiado con dinero público cueste más que en el país desarrollado donde se venda más barato. Para lograrlo, ha recurrido a un mecanismo inédito hasta su llegada a la Casa Blanca, que es combinar la política sanitaria con la presión arancelaria.
La orden ejecutiva establece un gravamen general del 100% sobre los medicamentos y principios activos fabricados fuera de Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones de los últimos meses con algunos de sus principales socios comerciales han dado lugar a un sistema de tarifas diferenciadas. Los productos procedentes de la Unión Europea, Suiza, Japón y Corea del Sur estarán sujetos a un arancel del 15%, mientras que el Reino Unido afrontará uno del 10%.
Cabe mencionar que la norma contempla incentivos para las compañías que trasladen parte de su producción al país. Las farmacéuticas que ejecuten planes de relocalización podrán acogerse temporalmente a un arancel reducido del 20%. Ese beneficio desaparecerá en 2030 y, si no se cumplen los compromisos de inversión, producción e investigación, las importaciones volverán a enfrentar un gravamen de hasta el 100%.
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