Pensiones y jubilaciones absorben 73% del presupuesto del ISSSTE y 64% del IMSS

Comunicado. México está envejeciendo: lo muestran las estadísticas y es cada vez más evidente en las familias, los hospitales, los hogares y el mercado laboral. Sin embargo, seguimos hablando del envejecimiento como si se tratara de un problema lejano, que corresponderá resolver a quienes gobiernen dentro de 20 o 30 años. Nos cuesta reconocer que esta transformación ya altera nuestras necesidades económicas, sanitarias y sociales, y que sus consecuencias dependerán, en buena medida, de las decisiones que tomemos hoy.

Envejecer no es una falla del sistema económico ni una responsabilidad atribuible a una generación. Es el resultado de una transformación demográfica asociada a logros sanitarios como la disminución de la fecundidad, al aumento de la esperanza de vida y a los cambios en las condiciones de mortalidad. El problema aparece cuando una sociedad envejece sin haber construido las instituciones necesarias para proteger a su población durante una vida más larga.

Ya desde 2006, Carlos Cruz y coautores presentaban la necesidad de acceso a servicios de Salud en el libro "Hacia un sistema único de salud, una propuesta no autorizada", posteriormente en 2012, Felicia Knaul y coautores analizaban en The Lancet (“The quest for universal health coverage: achieving social protection for all in Mexico”) cómo lograr la cobertura universal y subrayaron que la protección social debía abarcar no solo el acceso a los servicios, sino también la calidad de la atención y la protección financiera frente a la enfermedad. Afiliar a una persona a una institución no garantiza, por sí mismo, que reciba atención efectiva ni que esté protegida frente al gasto que ocasiona enfermarse.

Hoy esa perspectiva debe ampliarse: es insuficiente estudiar la transición epidemiológica y la demográfica como fenómenos aislados. Es necesario incorporar una tercera dimensión, la transición institucional y fiscal, entendida como la transformación de las decisiones del Estado, sus prioridades presupuestarias y los mecanismos mediante los que distribuye riesgos y recursos entre generaciones.

Las cifras muestran la magnitud de la transformación. De acuerdo con estimaciones de CONAPO, México contaba en 2025 con alrededor de 17.1 millones de personas de 60 años y más, equivalentes a 12.8% de la población; la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI registró 19.2 millones (14.7%), un nivel que las proyecciones anticipaban hacia 2030.

Para 2070, se estima una proporción cercana a 34.2%.

México contaba en 2025 con alrededor de 17.1 millones de personas de 60 años y más, equivalentes a 12.8% de la población.

Gabriela Luna, del Departamento de Economía, apuntó que la transformación demográfica avanza más rápido que nuestra capacidad para adaptar el sistema de salud, las pensiones, el mercado laboral y los servicios de cuidado. Indicó que entre las personas de 50 años y más, 41.5% reportó hipertensión, 25.5% diabetes y 9.3% presentaba al menos una limitación para realizar actividades diarias.

La especialista advirtióque el problema no es vivir más, sino hacerlo con instituciones que no pueden garantizar una vejez digna. Envejecer no es una falla del sistema económico ni una responsabilidad atribuible a una generación. Es el resultado de una transformación demográfica asociada a logros sanitarios como la disminución de la fecundidad, al aumento de la esperanza de vida y a los cambios en las condiciones de mortalidad. El problema aparece cuando una sociedad envejece sin haber construido las instituciones necesarias para proteger a su población durante una vida más larga.

 

 

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